Tal y como había anunciado Esperanza Aguirre, la Comunidad de Madrid sacará adelante la Ley de Transparencia Hipotecaria, en virtud de la cuál se podrá multar con entre 15.000 y 600.000 euros a las entidades financieras que no sean transparentes en sus transacciones y no expliquen a sus clientes debidamente todo el articulado de los contratos hipotecarios.
Recordemos que en virtud de esta Ley Esperanza Aguirre había prometido también la aplicación de la dación en pago a todas las hipotecas durante la campaña electoral. Sin embargo, esa posibilidad es totalmente inviable, ya que las Comunidades Autónomas no tienen competencias para modificar la legislación nacional en materia hipotecaria.
El objetivo de la Ley es proteger al consumidor ante el poder de negociación de las entidades financieras cuando se trata de la contratación de un préstamo hipotecario, a través de una mediación que evite que la falta de cultura financiera del ciudadano le provoque un perjuicio económico importante en el medio-largo plazo, por haber firmado algo que desconocía.
Así, por ejemplo, se podrá multar a aquellas entidades financieras que no cumplan las condiciones de la oferta vinculante que le realicen al consumidor, o bien no esclarezcan con el suficiente detalle en esta oferta vinculante todas las circunstancias necesarias para entender debidamente las obligaciones a las que se somete el sujeto hipotecado.
Pero el apartado más importante es que la Ley de Transparencia Hipotecaria exigirá a las entidades financieras el explicar debidamente al hipotecado si se está sometiendo a un contrato hipotecario cuya garantía es el bien hipotecado, o si bien lo está haciendo (como han hecho sin saber la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles) a un préstamo personal con garantía hipotecaria, ante el cuál el hipotecado responderá con todo su patrimonio, presente y futuro.
Sin duda, se trata de una buena noticia para los ciudadanos que, en demasiadas ocasiones quedaba en manos de los arbitrios de las entidades financieras que hacían y deshacían a su antojo, ante la incapacidad real de acción de los propios ciudadanos.
Por otro lado, en los mentideros políticos se rumorea que el Gobierno también planteaba una ley similar a la de la Comunidad de Madrid, de forma que garantizara la transparencia de las entidades financieras y evitara las situaciones que se han venido dando durante estos años de crisis. Sin embargo, la disolución en breve de las Cortes ante la inminente celebración (el 20 de noviembre) de las elecciones generales ha paralizado esta opción al menos hasta que se forme el nuevo Gobierno que salga de las urnas, algo que no pasará hasta empezado ya el año 2012.
De todas formas, parece evidente que los dos principales partidos políticos del país están por la labor de modificar este aspecto de la ley hipotecaria, así que habrá que confiar en que saldrá adelante.
