El Gobierno de Andalucía está publicitando en estas últimas semanas su labor de fomento de las Viviendas de Protección Oficial a nivel regional, con el objetivo de conseguir dar servicio a todas las familias que no se pueden permitir el adquirir una vivienda en el mercado libre.
Concretamente, y según la Consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, en una entrevista concedida a Europa Press, el 81% de las familias que solicitan una vivienda de protección oficial en Andalucía tienen rentas conjuntas por debajo de los 29.000 euros brutos anuales, con un 65% de demandantes por debajo de los 35 años de edad.
En estos momentos, y según los cálculos de la Consejería, existen un total de 272 registros donde los ciudadanos que cumplan los requisitos pueden inscribirse, y se han acumulado un total de 59.099 inscripciones, sin apenas duplicidades (un 10%), a pesar de que cada solicitante puede inscribirse en un máximo de 3 registros.
Está claro que en estos momentos de dificultades económicas para todos, y de financiación privada casi inalcanzable para la inmensa mayoría, se necesita el acceso a las Viviendas de Protección Oficial como una manera de resolver la clara ineficiencia del mercado en la que estamos viviendo. Por ello, el hecho de que las administraciones regionales estén optando por fomentar estas Viviendas de Protección Oficial, con el objetivo de permitir que familias sin recursos puedan llegar a tener una vivienda en propiedad a pesar de la crisis económica.
