En los tiempos que corren, en los que las circunstancias son tan desfavorables para muchos, los ciudadanos en muchas ocasiones se sienten engañados. Se percibe un malestar general en las calles, ya que los ciudadanos de a pie sienten que ellos no han cambiado su manera de actuar tanto como para desencadenar una crisis de esta magnitud. Esto lleva a pensar a los ciudadanos que la crisis es culpa de una mala gestión de la clase política. Este sentimiento no cambia cuando se trata de la ley hipotecaria.
¿Hasta que punto se extiende esta desconfianza?
Vamos a poner cifras a este sentimiento de malestar general que sienten los ciudadanos:
El número de gente que hoy en día está siendo desahuciada aumenta cada día y quienes temen perder su casa están aterrorizado, sin embargo, hay también quien sabe que por el momento están seguros en su hogar pero piensan que en una situación de necesidad igual o similar a la de las personas desahuciadas, no podrían confiar en el gobierno:
¿Qué cantidad de personas opinan esto?
- 87% no confiarían en el Gobierno actual
- 86% no confiarían en el principal partido de la oposición
- 72% tampoco en el resto de los políticos
¿En quién SÍ confían?
- 81% sí confían en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
- 76% sí confían en las ONG
Pero, ¿en quién confían los ciudadanos cuando se trata de defender sus intereses en el terreno judicial?
Este terreno tiene una importancia crucial en lo que a la ley hipotecaria se refiere. El Tribunal de Luxemburgo ha llevado a 
cabo una resolución histórica la cual exige modificar la actual normativa española, centrándose en las cláusulas abusivas de la ley hipotecaria. La sentencia del tribunal obliga al Gobierno a aprobar casi de inmediato medidas como la de la dación en pago, respaldada por el 90% de los ciudadanos españoles.
Esta sentencia es un gran paso hacia la suspensión cautelar de los desahucios pero sin embargo, aquellos ciudadanos que no pueden afrontar su hipoteca o su renta, siguen estando desprotegidos cuando se trata de otros procedimientos de las entidades bancarias como la tasación de los bienes o los requisitos para la concesión de créditos.
Por todo esto y otras muchas razones que dependen del ciudadano particular, su confianza en el sistema judicial para defender sus intereses se ve reflejada con los siguientes números:
- 47% confían en los jueces y fiscales
- 75% confían en los abogados
¿Qué opinan los ciudadanos que debería hacerse a continuación?
La ley hipotecaria va a modificarse para evitar tantos desahucios, sin embargo muchas personas piensan que un gran número de los desahucios ya efectuados no son justos de acuerdo a la nueva normativa, por esta razón, un 93% de los ciudadanos piensan que se deberían revisar los desahucios ya ejecutados para reparar posibles prácticas ilegales.
