La precampaña electoral está en plena vigencia, aún todavía algo lejos de la campaña oficial los candidatos de todos los partidos, pero principalmente los dos con opciones reales de ganar, Rajoy y Rubalcaba, se están afanando en ofrecer a sus votantes potenciales todas aquellas ideas que saben que les gustarán para conseguir movilizarlos y llevarlos a las urnas el 20 de noviembre. Así, Rubalcaba, el candidato socialista, ya ha apostado firmemente por la dación en pago.
Sin prometerla de manera directa, ya que ello le hipotecaría durante toda la legislatura, si ganara, sí que ha insinuado que estudiaría la realización de los cambios legislativos necesarios para incluirla dentro de la legislación hipotecaria actual, de manera que tuviera cabida sin menoscabar los derechos de los agentes que actúan en el negocio de las hipotecas.
Con ello, Rubalcaba intenta hacer saber a los bancos que no habrá una medida unilateral con una implementación abrupta de la dación en pago, sino que en todo caso se trataría de una negociación conjunta entre bancos y cajas y ciudadanos, para poder llegar a una situación de equilibrio de fuerzas entre ambos.
No podemos olvidar que la dación en pago es una figura hipotecaria en virtud de la cuál el titular de una hipoteca puede cancelar la deuda contraída con la entrega de la vivienda que sirvió de garantía a la hora de formalizar la misma, sin cargar a partir de ese momento con ninguna carga financiera, al contrario de lo que sucede en estos momentos, cuando el titular de una hipoteca tiene que responder ante la deuda hipotecaria con todos sus bienes, presentes y futuros.
Este giro de Rubalcaba hacia la dación en pago viene directamente entroncado con su intención de rascar en el segmento más de izquierdas de la población los votos que su partido ha perdido con las últimas medidas de reformas estructurales realizadas por el gobierno de Zapatero, tratando de sensibilizarse con el movimiento 15M.
Por otro lado, Rajoy no se ha pronunciado sobre sus intenciones con la dación en pago, sobre la posibilidad de implementarla o no en el ordenamiento jurídico que legisla las hipotecas, aunque la semana pasada, Esperanza Aguirre, uno de los pesos pesados del Partido Popular, promulgó una ley en la Comunidad Autónoma que preside, Madrid, en virtud de la cuál las entidades que no fueran transparentes en sus condiciones hipotecarias serían multadas.
Se observa, por tanto, como los políticos están intentando alinearse con los ciudadanos regulando una de las principales preocupaciones de éstos y una de las principales causas de la actual crisis económica y financiera, ya que el exceso de libertad y la falta de responsabilidad de las entidades financieras, no sólo españolas, sino también internacionales provocó que se aprobaran operaciones financieras con exceso de riesgo sin que hubiera una compensación ni una garantía para ellas.
Nos quedan, por tanto, unas semanas para que sigamos escuchando nuevas propuestas, algunas puramente demagógicas, otras reales, para modificar la legislación hipotecaria y conseguir que los ciudadanos puedan tener una mayor seguridad a la hora de enfrentarse a las entidades financieras.
