En un estudio realizado por la Dirección General de Consumo pudo llegarse a la conclusión de que uno de cada de tres contratos de compraventa de viviendas desarrollados en 2009 tiene incluidas clausulas que perjudican notoriamente al adjudicatario.
En la mayoría de los casos lo que tiende a suceder es el exceso en el precio de la operación, el cual supone un aumento de la ganancia por operación para el propietario o intermediario, sino simplemente mediante el aumento del coste del inmueble y sin dar aviso legal previo, se busca que el consumidor pague gastos que en realidad deberían correr por cuenta del vendedor.
Las causas del desmejoramiento de las condiciones financieras de los compradores en gran parte se debe a la falta de información que le es brindada a los mismos, por ejemplo, se pudo descubrir que en el 43% de las promociones inmobiliarias no se menciona el derecho al acceso de información que tienen los clientes. Aunque si de perjuicios se habla, debe mencionarse que en el 5% de los convenios de compra se da la posibilidad al oferente de aumentar el precio preestablecido.
