Ayudas para las familias con problemas hipotecarios: ¿será verdad esta vez?

Desde muchos sectores diferentes se vienen reclamando medidas para atenuar los devastadores efectos de la crisis sobre las familias endeudadas con un préstamo hipotecario.

Lamentablemente se ha perdido mucho tiempo en estériles debates sobre la situación hipotecaria y sus efectos y poco se ha hecho para ayudar a sobrellevar la crisis. El debate es sano y necesario, ya que para mejorar el marco jurídico hipotecario hay que buscar el mayor consenso posible. Pero no basta con debatir, hay que tomar medidas con urgencia. Cada familia que pierde su único hogar por no poder pagar la hipoteca es una tragedia que transciende lo meramente económico.

Algunos defienden que la culpa de esta situación es de los ciudadanos, que se han endeudado por encima de sus posibilidades sin tener en cuenta factores como su estabilidad laboral o incrementos en el euribor.

Otros consideran que la banca es un ente despiadado que se ha aprovechado de la ignorancia de la población para ganar más dinero y poder.

En mi opinión ni una ni otra postura tienen la razón plena. Culpables somos todos, pero no con el mismo nivel de responsabilidad, como defienden algunos. No me cansaré de repetir que a las entidades financieras se les exige un plus de diligencia a la hora de conceder una hipoteca.

El banco debe actuar como un bonus argentarius, evaluar adecuadamente el riesgo de cada operación y conceder financiación con criterios de prudencia. Al cliente bancario no se le puede exigir una capacidad igual. Por tanto, independientemente que no es excusa para la ignorancia financiera, la banca es mucho más responsable de la situación de sobreendeudamiento generalizado que sus clientes.

Una de las iniciativas más conocidas para intentar ayudar a las familias a no perder su casa fue la moratoria hipotecaria para parados que, en parte, avalaba el ICO. Un sonado fracaso tanto por la falta de cooperación de la banca como por las condiciones exigidas para poderse acoger a ella (hipotecas de importe inferior a 170.000 euros).

Ahora el presidente Zapatero anuncia dos tipos de medidas que, a mi modo de ver, van en la buena dirección. Pero el diablo está en los detalles, ya que muchas veces las palabras suenan bien y se plasman de forma desastrosa en el papel. Concretamente anuncia el Gobierno:

1. Se aumenta en un 50% el tramo de salario inembargable en caso de impago hipotecario (cuya garantía sea la vivienda habitual). Es decir, si perdemos la casa y el banco nos quiere cobrar el resto vía embargo de la nómina, los primeros 961 euros no los podrá tocar. Y se incrementa un 30% adicional por cada miembro de la familia sin ingresos regulares.
2. «Evitar embargos y desahucios con unos precios que son abusivos para las familias«. Entiendo que estas palabras se refieren a tratar de evitar la injusticia de que el banco se adjudique la vivienda por el 50% de su valor en caso de subasta y pueda seguir exigiendo el resto de la «deuda» a la familia que se ha quedado en la calle. Pero hay que concretar los cambios legislativos y aplicarlos, porque las palabras son palabras y nada más.

Resguardar de la voracidad bancaria una parte importante del sueldo de las personas que se han quedado en la calle (y si no tienen familia deberán pagar un alquiler para tener un techo) es algo importante y una medida en la buena dirección (siempre que se acabe aprobando).

Evitar que la entidad financiera se adjudique la vivienda por un precio inferior a lo que vale también es de justicia. Otra cosa es que se pase de las palabras a los hechos, y de forma urgente. La gente no puede seguir esperando.