La OCU ha denunciado en su boletín periódico que los notarios y los registradores de la propiedad habrían cobrado hasta 93 millones de euros de más en las facturaciones de las cancelaciones hipotecarias durante el año 2010, ignorando el Real Decreto aprobado por el Gobierno en el año 2007.
Precisamente, este Decreto tenía como objeto la reducción de la tarifa de notarios y registradores, para intentar reducir las cargas burocráticas que toda operación hipotecaria, tanto de formalización como de cancelación llevaban consigo, y permitir así que los ciudadanos pudieran afrontar estas situaciones de manera más desahogada.
En función de las tarifas marcadas por este Decreto los notarios tenían asignada una tarifa fija de 30,05 euros, con lo que una operación de cancelación, añadiéndole todas las minutas que los notarios podrían cargar, no debería de superar los 70 euros, cuando según las facturas que la OCU ha venido manejando para realizar este informe, la media se situaba en los 260 euros.
Por otro lado, los registradores de la propiedad tenían asignada una tarifa en función del importe pendiente de la hipoteca, pero para una cancelación esta cantidad se situaría en los 2,40 euros, con lo que una cancelación, añadiéndole los conceptos habituales de registro, se situaría en el entorno de los 24 euros. Al igual que antes, la media de las facturas analizadas por la OCU se situaban en los 144 euros.
Como podemos comprobar las cantidades cobradas de más son realmente importantes, y si tenemos en cuenta que sólo en 2010 hubo más de 300.000 operaciones de cancelación hipotecaria podemos comprender hasta que punto los notarios y los registradores de la propiedad han estado aprovechándose de la ignorancia de los ciudadanos.
Ahora la OCU, aparte de de publicarlo en su boletín ha denunciado esta situación ante el Ministerio de Justicia con el objetivo de que los técnicos del Ministerio la detengan y no se vuelva a producir más, así como para que se devuelvan las cantidades cobradas de más a los consumidores y usuarios afectados por la misma, en un ejercicio de justicia y de equidad social.
Y es que no podemos olvidar que aunque la minuta cobrada por notarios y registradores de la propiedad se diluye en el elevado precio genérico de las viviendas, lo cierto es que estas cantidades no hacen sino encarecer toda la operación inmobiliaria, algo que pasaba desapercibido durante los años de bonanza económica y burbuja inmobiliaria pero que ahora deben de ser tenido en cuenta, porque cualquier cuestión negativa puede afectar al retardo de la recuperación del sector.
Lo que sorprende, por otro lado, es que el Gobierno no haya tomado cartas en el asunto y haya permitido que se siguiera produciendo este atropello contra el ciudadano por parte de los notarios y los registradores de la propiedad.
