El nuevo proyecto de Directiva Europea para Hipotecas aprobado por el Parlamento Europeo trae interesantes cambios en el ámbito de los préstamos hipotecarios y de la creación de una ley europea de hipotecas. El primero de ellos pasa por establecer una mayor rigidez en los requisitos para conseguir una hipoteca o, dicho de otra forma, endurecer la solvencia que deberán exigir los bancos para prestar capital.
El proyecto de directiva (ver documento) que prepara la Unión Europea y que ha superado su primer escollo supone un cambio global en como deben concederse las hipotecas, tanto para la entidad prestamista como como el prestatario o quien solicita el dinero. En este sentido, la directiva europea de hipotecas para uso residencial que estudia el Parlamento Europeo (PE) y a la que se puede acceder pinchando aquí y aquí si queremos leer el documento de trabajo, establece una serie de requisitos con los que deberán cumplir bancos y cajas a la hora de presentar su oferta al cliente. El objetivo, como es lógico, es el de que la publicidad de hipoteas y la información que recibe el usuario antes de firmar el préstamo sean más transparentes y estén mejor adaptados a los conocimientos financieros reales de la ciudadanía.
La directiva también incluye un punto que hasta ahora había pasado desapercibido y que diligentemente se ha encargado de recordarnos la Agencia EFE. Se trata de los requisitos referentes a la evaluación de solvencia de quienes solicitan el préstamo. En ese sentido el artículo 14.2 establece que «siempre que la evaluación de la solvencia del consumidor arroje un resultado negativo en cuanto a la capacidad de este para reembolsar el crédito durante el periodo de vigencia del contrato, el prestamista deniegue el crédito». Dicho de otra forma, que el banco no podrá conceder una hipoteca si no está seguro que el cliente podrá pagar.
Y para determinar quienes podrán pagar y quienes no la directiva establece deberán basarse «en criterios tales como los ingresos de este, ahorros, sus deudas y otros compromisos financieros». Para ello los estados deberán que por que las entidades puedan acceder a bases de datos sobre la solvencia del consumidor. Esas bases de datos deberán ser gestionadas por agencias de información crediticia o agencias de referencia de crédito privadas y registros públicos de crédito. La directiva busca que todos los estados miembros de la Unión Europea compartan las mismas obligaciones y derechos al contratar una hipoteca, lo que se aplicaría también a los baremos a la hora de medir la solvencia del usuario.
Polémica en Inglaterra
En Reino Unido las preocupaciones en torno a esta directiva van por otro lado. La prensa inglesa lleva meses haciéndose eco de este proyecto, que de aprobarse supondría un cambio para el pleno del mercado inmobiliario británico. La polémica se centra en la propuesta de que todos los préstamos sobre vivienda dentro de la Unión Europea deberán declararse impagados transcurridos 90 días en estado de repago. En Reino Unido la normativa actual fija en 180 días el límite, lo que haría que muchas hipotecas tuviesen que declararse como impagadas.
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