La propuesta que la semana pasada lanzó Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, sobre la modificación de la legislación hipotecaria en su región está levantando cierta polémica, porque la oposición, encabezada por el PSOE sostiene que esta modificación es más teórica que real, en palabras de Antonio Miguel Carmona, Secretario de Economía de los socialistas madrileños, la propuesta simplemente «agranda la letra de los contratos hipotecarios».
Lo cierto es que la parte que ha trascendido de la propuesta de Esperanza Aguirre ayudará a los ciudadanos madrileños a conocer con exactitud el tipo de contratos que firman con sus entidades financieras, de manera que no se lleven sorpresas de última hora en el momento del impago, además de permitirles poder realizar una comparación más exhaustiva entre las mejores ofertas del mercado.
En ese sentido nadie puede decir nada, ni tan siquiera la oposición, que si considera, por otro lado, que la propuesta se ha quedado corta, ya que no ataja el verdadero problema que no es tanto el hecho de que los nuevos contratos se firmen en igualdad de condiciones, que también, sino la situación de drama social que viven muchas familias españolas en general, y madrileñas en particular, a la hora de tener que hacer frente al pago de sus cuotas hipotecarias.
Según Carmona, lo que necesita la sociedad no es tanto una modificación del tipo de contrato sino más bien una agencia pública de intermediación que ayude a estas familias a negociar con las entidades financieras de manera que puedan llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes, algo que las familias no pueden hacer por sí mismas al encontrarse en una clara situación de inferioridad de fuerza.
De todas formas, se equivoca el PSOE madrileño al negar la mayor, para criticar la menor, o viceversa, porque el hecho de que estemos todos de acuerdo en que hay que hacer algo más para poder ayudar a las familias con verdaderos problemas en su día a día, lo cierto es que el avance que significa la propuesta de Esperanza Aguirre (similar, dicho sea de paso, al que el propio PSOE va a realizar dentro del conjunto del Estado español) es importante y otorga toda una serie de nuevos derechos a los ciudadanos que les ayudará a poder gestionar mejor sus finanzas.
Pero es cierto, por otro lado, que hay que buscar una salida plausible a la situación actual, ya que nos encontramos con que familias enteras, desestructuradas en muchos casos, y sin ingresos suficientes como para poder llegar a fin de mes con cierto desahogo, se encuentran en la calle, sin una vivienda en la que residir y manteniendo, además una deuda por la diferencia entre el importe que quedaba pendiente por pagar de la hipoteca y el precio de subasta del inmueble. En ese escenario pocas, por no decir ninguna, familias pueden llegar a resolver su situación y quedan condenadas a un negro futuro de dificultades económicas, por lo que se necesita una intermediación pública inmediata.
