Si ya en el principio de la crisis se apostó claramente desde el sector financiero por colocar todos los productos tóxicos en un mismo cesto, en un mismo banco dirigido por el Estado, siendo éste el que se hiciera responsable del mismo, ahora, con la proximidad de las elecciones generales este próximo 20 de noviembre, la idea se ha fortalecido aún más y el sector financiero está tomando posiciones para un inminente gobierno del Partido Popular.
Y es que uno de los principales instigadores de esta idea es Rodrigo Rato, actual Presidente de Bankia, y dirigente popular durante muchos años, que apuesta claramente por esta fórmula, lo que hace pensar que en cuanto su partido llegue al poder logrará «convencerlos» de que es la mejor opción para todos.
Es evidente, que el gran beneficiado directo de una medida así sería el sector financiero que conseguiría librarse de todos los productos tóxicos acumulados durante los años de bonanza económica y posterior pinchazo de la burbuja inmobiliaria, logrando recuperar su cuenta de resultados y recuperando la buena salud financiera.
De esta manera, se supone que los ciudadanos también nos beneficiaríamos, de una manera indirecta, ya que con entidades financieras saneadas el crédito volvería a fluir de una manera más normalizada, llegando a la economía a través de los ciudadanos y las empresas, con lo que la economía podría recuperar sus parámetros adecuados.
En un principio, esa sería la razón por la que el Estado podría acceder a abrir un banco basura que aceptara todos los productos tóxicos del resto de entidades financieras, el recuperar la economía de la sociedad, aunque, como no puede ser de otra moda, abre toda una amplia gama de incógnitas.
Porque en el fondo se genera una carga más para las administraciones públicas, en un escenario en el que se está tendiendo a las privatizaciones y al aligeramiento de las administraciones, lo cuál parte de una base de incoherencia que podría generar un mayor nivel de déficit público.
Sería una especie de retroceso a la socialización de las pérdidas que se había visto durante los primeros años de la crisis, pero que con el paso de los meses pareció quedar atrás sin que nadie reclamara esta opción de manera reiterativa, al menos hasta ahora que retomamos esta alternativa.
Los sectores situados más a la izquierda del espectro político no parecen dispuestos a aceptar este tipo de soluciones sin aceptar contraprestaciones a su favor, unas contraprestaciones que deberían de partir de una moratoria hipotecaria, como defendieron en las manifestaciones de ayer domingo, y de la implementación de la dación en pago.
El pulso ideológico está, por tanto, servido, y habrá que ver quien acaba por doblegar la posición del otro, y quien acaba cediendo más. La izquierda y la derecha, social, más que política, han iniciado una disputa que tiene pinta de durar al menos hasta las elecciones generales.
Tras éstas todo parece claro, y apunta a una victoria del Partido Popular, con una cesión casi absoluta a los poderes fácticos de la banca y de las entidades financieras en general, aplicando de nuevo una política liberal que puede provocar las bases para una nueva crisis económica y financiera, si no como la actual, sí de dimensiones parecidas que pueden llevar a ocasionar problemas económicos en el medio-largo plazo.
