El anuncio de Zapatero de adelantar las elecciones generales para este próximo 20 de noviembre ha tenido evidentes consecuencias electorales, pero más allá del ruido público, lo cierto es que ha provocado que la subcomisión parlamentaria que se había creado para debatir la posible modificación de la legislación hipotecaria se haya quedado en nada.
Si tras tres sesiones de reuniones todo apuntaba a que tras el verano comenzarían a ofrecer alternativas reales a la sociedad, con un informe definitivo antes de final de año, con el adelanto electoral y la subsiguiente disolución de las Cortes, no habrá tiempo material para que ofrezcan ningún tipo de modificación plausible.
Por tanto, las reuniones que han tenido los diputados, las comparecencias de expertos y afectados y todo el debate social que hemos venido experimentando durante estos pasados meses habrá quedado en nada, en una salida en falso.
Ahora habrá que esperar a que llegue un nuevo Gobierno y a que se plantee como quiere reorganizar su política hipotecaria, con lo que nos estaremos situando, seguramente, a mediados de 2012 como muy pronto, perdiendo un tiempo precioso que nunca podremos recuperar.
Una vez más, la burocracia de las administraciones y la lentitud en la toma de decisiones se transforma indefectiblemente en consecuencias negativas para los ciudadanos que no pueden más que atender al espectáculo sin posibilidad de intervenir de manera real.
